(Artículo publicado en CRÒNICA DE LA VIDA D'ESPLUGUES, junio 2013)

Si hay algo que ha demostrado este país sobradamente es su capacidad para salir adelante a pesar de las dificultades de todo tipo por las que ha tenido que atravesar. Gracias, sobre todo, al potencial humano que atesora y a su capacidad de superación ante las adversidades. Es cierto que llevamos años de travesía por un desierto económico, que, además, está generando grandes injusticias sociales, como el hecho de que sean las clases más desfavorecidas quienes estén pagando las consecuencias de una crisis generada, en buena parte, por la codicia y los movimientos especulativos de los mercados financieros. Y que todo esto hace que no sea una crisis más, de las que hemos conocido en los últimos 40 o 50 años, sino que nos está llevando a un camino muy peligroso, que nos hace retroceder respecto a las conquistas sociales, laborales y de igualdad de oportunidades.

Por ello, la esperanza para salir de la crisis debe pasar necesariamente, además de confiar en nuestro potencial humano, por unas políticas justas, que no vayan en detrimento de las necesidades básicas de la ciudadanía y que garanticen la paz y la cohesión social.

La pregunta clave es: ¿Y eso cómo se puede hacer en el actual momento de falta de liquidez económica? Pues se hace anteponiendo las políticas sociales y de reactivación de la economía. Es muy habitual oír decir, desde posiciones conservadoras, que no hay recursos suficientes para mantener el Estado del bienestar tal como lo conocíamos y que lo que debe primar ahora es exclusivamente la austeridad. Esto se traduce en los recortes de los servicios públicos (educativos, sanitarios y de servicios sociales) que estamos sufriendo en los últimos años.

Pues bien, cada vez parece más evidente que la aplicación de esta política de austeridad compulsiva o "de austericidio" es una medicina que lo que está haciendo es matar al enfermo. Lo que hay son políticas decididas desde las administraciones públicas para reactivar el consumo y la economía, y dignificar la vida de los colectivos con más necesidades.

Son posibles otras políticas, más allá de los recortes, para poder salir de la crisis. Son posibles y necesarias propuestas para reactivar la economía y el consumo, haciendo fluir los créditos a las pymes y las familias. A esto se deberían destinar buena parte de los recursos que Europa nos dio para rescatar el sistema bancario. Es una cuestión de prioridades.

En el caso de Esplugues, el Ayuntamiento también está usando los recursos y competencias que tiene para paliar los efectos de la crisis. En materia social, se están haciendo cada vez más esfuerzos, junto con las entidades, para atender las necesidades de las familias que son derivadas al programa de alimentos. Al mismo tiempo, velamos para que las familias con menos recursos tengan ayudas de emergencia social y becas para comedor escolar, participación en actividades educativas, deportivas, culturales y sociales (hemos pasado de 422 a 2005 a 698 en 2012).

Otro ejemplo de actuación social: desde 2011, se han evitado más de 150 casos de desahucios en la ciudad. Muchos han sido a través de prestaciones económicas de emergencia destinadas a resolver problemas relacionados con la vivienda, principalmente de alquiler. Pero, además, desde este enero hemos puesto en marcha un servicio de mediación para resolver problemas con hipotecas y alquileres, en la Oficina Municipal de Vivienda, que ya ha dado sus primeros frutos: ha logrado suspender la ejecución de 4 desahucios y ha ayudado a otras 19 familias a mantener sus pisos gracias a la renegociación de la hipoteca o el alquiler.

Y también a nivel local, todas las fuerzas políticas, con representación en el Ayuntamiento hemos firmado un Pacto por el Empleo y la Reactivación Económica, que se está traduciendo, de momento, en subvenciones para contratar personas de Esplugues en el paro y en ayudas fiscales para la creación de nuevas empresas.

En definitiva, es cuestión de priorizar y poner el acento en lo que realmente es necesario.

(Artículo publicado en EL FAR, abril de 2013)

En un momento de escasez de recursos económicos tan grave como el actual, el foco mediático de la gestión de estos recursos está puesto fundamentalmente en el gobierno estatal y en los autonómicos. Y es lógico que así sea. Pero esto hace que a veces pase desapercibida la acción que estamos haciendo desde los ayuntamientos para gestionar bien el dinero público, al tiempo que, como Administración más cercana, debemos atender con eficacia las necesidades más básicas de nuestra ciudadanía , que van en aumento.

Los datos de 2012 hablan por sí mismos. Un año más, los ayuntamientos han sido la administración que mejor ha cumplido la previsión de déficit: un 0,2% al finalizar el año, una décima menos de lo previsto, según datos del gobierno español. Por el contrario, el déficit en la administración central del Estado se situó en el 3,83%, y el conjunto de las comunidades autónomas, en el 1, 73%.

Como muchos otros, el Ayuntamiento de Esplugues ha contribuido a este buen resultado global con un saldo positivo (no déficit) de 2,68 millones de euros, gracias a la reducción de gastos y a la implantación de medidas de eficiencia.

Pero el ahorro y la austeridad no son, ni pueden ser, las únicas medidas que nos podemos permitir. Acostumbrados como estamos a gestionar unos recursos escasos (esto no es nuevo) y asumir competencias impropias pero que nos demanda la ciudadanía, ahora estamos vertiendo la gran parte de nuestro esfuerzo en resolver los problemas más urgentes y más básicos de una ciudadanía castigada por la crisis. Y uno de los más graves es la pérdida de una vivienda.

Por ello, hay que reivindicar la labor silenciosa y constante de muchas oficinas municipales de vivienda que están dando como resultado que muchas familias no tengan que marchar de su casa porque no pueden pagar la hipoteca o el alquiler. En Esplugues, a inicios de año pusimos en marcha un servicio de intermediación para resolver estas situaciones, que ya ha evitado 4 desahucios y ha ayudado a otras 19 familias a renegociar sus deudas y no perder la vivienda. Y eso, sin contar las ayudas que se dan desde los servicios sociales para hacer frente a impagos, sobre todo de alquiler, y que han significado la aportación de 120.000 euros en los últimos dos años.

Quizás no somos tan visibles como algunas organizaciones civiles que trabajan cada día para evitar desahucios y que realizan una gran labor, pero es de justicia valorar el trabajo que hacemos desde el mundo local para paliar los efectos de este gran problema.