Los esfuerzos titánicos del municipalismo
(Artículo publicado en EL FAR, noviembre 2013)
Históricamente, el municipalismo ha tenido que hacer frente a problemas estructurales endémicos de sus ciudades sin los recursos económicos adecuados ni las competencias correspondientes. Y lo ha tenido que hacer, como Administración de proximidad que es, para garantizar servicios básicos demandados por la ciudadanía: educación, salud, seguridad, etc .
Pues bien, estos esfuerzos históricos se están multiplicando en los últimos años con motivo de esta crisis económica. Y a pesar de que los ayuntamientos son la administración pública del Estado que mejor han hecho los deberes en estos momentos de dificultades económicas y que menos déficit exhiben de lejos, parece que tendrán que seguir haciendo esfuerzos titánicos para garantizar las políticas de bienestar, y para contrarrestar los recortes del Estado y de la Generalitat.
En el Baix Llobregat tenemos un ejemplo muy claro con las becas comedor. Ante la insuficiente aportación económica de la Generalitat, ayuntamientos como el de Esplugues garantizaremos que este curso ninguna familia que cumpla los criterios para acceder a una ayuda se quede sin beca. Y así hacemos también con las plazas de guardería y de la Escuela Municipal de Música, o con las subvenciones para poder llevar adelante centros de trabajo y de atención a personas con discapacidad, como la Fundació Proa de nuestra ciudad.
Agudizando el ingenio para aplicar medidas de ahorro y de eficiencia, en Esplugues hemos conseguido que el Presupuesto del 2014 aumente un 5,6% las partidas sociales y un 9,6% las de promoción económica, a pesar de congelar, por segundo año consecutivo, los impuestos y tasas municipales.
Una vez más, el municipalismo tiene que salir al rescate del Estado del bienestar. Pero cada vez, esto se hace más difícil de sostener. Por ello, en la línea de lo que pide la Federació de Municipis de Catalunya, se hace indispensable una Ley de Financiación Local en Catalunya que contemple el establecimiento de las garantías para que los Ayuntamientos puedan prestar sus competencias con los recursos necesarios. Y también, con las condiciones adecuadas para garantizar la calidad y los servicios a la ciudadanía.