Hay que garantizar el derecho a la vivienda

(Artículo publicado en EL FAR, marzo 2015)

Que la desigualdad se ha convertido en uno de los grandes problemas socioeconómicos de este primer tramo de siglo nos lo dicen a menudo las personas expertas y las estadísticas. Y una de las peores consecuencias de esta injusticia es la dificultad con la que los colectivos más vulnerables y más castigados por la crisis tienen que hacer frente al mantenimiento de la vivienda y de unas condiciones de vida dignas, es decir, con agua, luz y calefacción garantizadas. Un drama, sobre todo si se trata de familias con niños. De ahí se derivan problemas de todo tipo, también psicológicos, porque pocas cosas son más angustiantes que el miedo a perder tu hogar.

Por ello, decir que las administraciones públicas con competencias en la materia deberían velar con el máximo celo posible para garantizar el derecho a la vivienda -que, además, está reconocido en la Constitución- y a una vivienda con las mínimas condiciones de dignidad -sin que te hayan de cortar la calefacción en invierno por dificultades en el pago del recibo, por ejemplo- es una obviedad.

Pero este problema, como otros, acaba repercutiendo en los ayuntamientos, que no tenemos competencias en vivienda pero que no podemos, ni queremos, dejar desatendidas las demandas que tiene nuestra ciudadanía en este ámbito tan básico y esencial en la vida de las personas.

¿Qué podemos hacer al respecto? A raíz de los problemas derivados de la crisis, desde el Ayuntamiento de Esplugues hemos seguido tres caminos en paralelo. Uno, habilitar un servicio de mediación en la oficina municipal de vivienda para las familias con dificultades para hacer frente a la hipoteca o el alquiler encuentren la posibilidad de renegociar las condiciones económicas y salvar la vivienda. Y así hemos hecho con más de 40 casos en la ciudad en dos años.

Una segunda vía ha sido el incremento de ayudas puntuales de emergencia relacionadas con el mantenimiento de la vivienda y para paliar situaciones de pobreza energética. Esto ha significado una inversión de unos 180.000 euros en los últimos dos años.

Y la tercera, sentarnos con las entidades bancarias para que saquen sus pisos vacíos al mercado de alquiler social, con la advertencia de que si no lo hacen serán sancionadas. Esta medida hará que 26 pisos vacíos de Esplugues afloren al mercado de alquiler asequible.

En definitiva, para no tener competencias, los ayuntamientos que apostamos para evitar la exclusión social y reducir las desigualdades crecientes estamos demostrando que no somos meros espectadores de la crisis.

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